El secretario General de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, se refirió al
fideicomiso que les permitirá construir 240 viviendas para sus
afiliados. Destacó la “capacidad de gestión de la gobernadora”, y
también se refirió al rol del Gobierno nacional y del intendente Gustavo
Melella. Aseguró que fue “un logro y un sacrificio, esto de poder
contener y hacer desde nuestra gestión lo posible, para que los
compañeros se puedan encontrar con su vivienda digna el día de mañana”.
“Después de un intenso viaje y varias gestiones, hemos podido lograr la
firma del Fideicomiso con el Gobierno nacional, en un crédito
hipotecario, que se determina por un acuerdo entre el Gobierno nacional,
la Provincia y el Instituto Provincial de la Vivienda; mediante un
proyecto en el cual veníamos trabajando desde hace tres años”, indicó el
secretario General del ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, refiriéndose a
la forma por la cual tuvieron acceso a la posibilidad de proyectar la
construcción de 240 viviendas para sus afiliados.
Luego mencionó que “el proyecto que teníamos con el gobierno anterior no lo pudimos lograr y en este caso se armó este fideicomiso que determina un monto más que importante de dinero, creo que son 388 millones de pesos, para la construcción de 240 viviendas en dos etapas, más la infraestructura”.
Aseguró el titular de ATE Río Grande que fue “un logro y un sacrificio, esto de poder contener y hacer desde nuestra gestión lo posible, para que los compañeros se puedan encontrar con su vivienda digna el día de mañana”. En ese sentido reconoció “la capacidad de gestión de la gobernadora (Rosana) Bertone, al hacer este esfuerzo que ha hecho, porque esta gestión la ha encabezado ella con una decisión clara de querer resolver esto”, aseguró.
También dijo que se debe “decir todo” y señaló que “acá hubo un equipo grande, donde también está incluido el intendente (Gustavo) Melella, que ha tenido la decisión política de cedernos las tierras, el equipo técnico del IPV”, puntualizó. Planteando que “es necesario que los trabajadores sepan que las cosas no se hacen de un día para el otro y que nada es fácil en los tiempos que vivimos”.
Desde el sindicato señaló que se puso “todo el asesoramiento técnico, la disponibilidad económica y financiera para estos temas. Que los compañeros sepan que nada sale de un día para el otro, que nada es fácil y que fuimos miles de veces para que esto saliera”, insistió.
Dijo que “el Gobierno nacional ha dado la orden de que en forma inmediata se tiene que comenzar con esta construcción” y consultado sobre el listado de beneficiarios dijo que está “prácticamente definido”. “Puede variar muy poco, ya están empadronados, y el fideicomiso establece que tienen que ser empleados estatales con estabilidad laboral, deben operar por el Banco Tierra del Fuego y ser afiliados a nuestro sindicato. Nosotros vamos a poner condiciones básicas, como que los compañeros deben tener entre 12 y 24 meses de cotización efectiva, deben ser afiliados únicamente a la Asociación Trabajadores del Estado y no adeudar un centavo a la organización”, precisó.
Según expresó, buscarán la forma para que “ninguno se quiera hacer de este beneficio cuando no le corresponda, y lo decimos porque venimos observando a veces cosas que no son las correctas”. El titular de ATE aseguró que “las viviendas tienen que ser para quienes las necesitan, por eso estamos trabajando en el padrón y sentimos la enorme responsabilidad de que esto sea lo más claro posible para que los beneficiarios sean quienes realmente lo necesitan”.
Sobre quienes se habían inscripto en el plan lanzado el año pasado, que finalmente no se concretó, dijo que tendrán prioridad en este nuevo programa pero “siempre y cuando sean afiliados a la ATE”. De todas formas, cabe aclarar, que a esas personas no se les reconocerá el dinero abonado a la arquitecta que intervino en ese caso, para realizar el proyecto, porque “fue un acuerdo entre partes, donde se contrató el servicio de una profesional y lo que pasó fue que finalmente no se pudo realizar la obra”, señaló el dirigente estatal.
También aclaró que “el IPV exigirá las condiciones que siempre ha exigido y el Banco exigirá la capacidad de pago, porque este es un crédito hipotecario volcado a un fideicomiso. Es decir que por ahí tiene sus condiciones más rigurosas que otras, pero en el contexto también son más blandas que otras”, indicó.
Córdoba señaló por último que “el objetivo es que el compañero que pueda acceder a esta vivienda no pague una suma mayor a un alquiler promedio. Para que de esa manera puedan acceder los compañeros que tienen salario más bajo, a eso apuntamos”, remarcó.
Por último, al consultarlo sobre las características de las viviendas, dijo que tendrán “unos 60 metros cuadrados cubiertos, con espacio en el terreno para ampliar. Son viviendas de una construcción de buena calidad, aunque son viviendas sociales y para trabajadores que por ahí no pueden acceder a un crédito para construir en la banca privada”, concluyó.
“Después de un intenso viaje y varias gestiones, hemos podido lograr la
firma del Fideicomiso con el Gobierno nacional, en un crédito
hipotecario, que se determina por un acuerdo entre el Gobierno nacional,
la Provincia y el Instituto Provincial de la Vivienda; mediante un
proyecto en el cual veníamos trabajando desde hace tres años”, indicó el
secretario General del ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, refiriéndose a
la forma por la cual tuvieron acceso a la posibilidad de proyectar la
construcción de 240 viviendas para sus afiliados.Luego mencionó que “el proyecto que teníamos con el gobierno anterior no lo pudimos lograr y en este caso se armó este fideicomiso que determina un monto más que importante de dinero, creo que son 388 millones de pesos, para la construcción de 240 viviendas en dos etapas, más la infraestructura”.
Aseguró el titular de ATE Río Grande que fue “un logro y un sacrificio, esto de poder contener y hacer desde nuestra gestión lo posible, para que los compañeros se puedan encontrar con su vivienda digna el día de mañana”. En ese sentido reconoció “la capacidad de gestión de la gobernadora (Rosana) Bertone, al hacer este esfuerzo que ha hecho, porque esta gestión la ha encabezado ella con una decisión clara de querer resolver esto”, aseguró.
También dijo que se debe “decir todo” y señaló que “acá hubo un equipo grande, donde también está incluido el intendente (Gustavo) Melella, que ha tenido la decisión política de cedernos las tierras, el equipo técnico del IPV”, puntualizó. Planteando que “es necesario que los trabajadores sepan que las cosas no se hacen de un día para el otro y que nada es fácil en los tiempos que vivimos”.
Desde el sindicato señaló que se puso “todo el asesoramiento técnico, la disponibilidad económica y financiera para estos temas. Que los compañeros sepan que nada sale de un día para el otro, que nada es fácil y que fuimos miles de veces para que esto saliera”, insistió.
Dijo que “el Gobierno nacional ha dado la orden de que en forma inmediata se tiene que comenzar con esta construcción” y consultado sobre el listado de beneficiarios dijo que está “prácticamente definido”. “Puede variar muy poco, ya están empadronados, y el fideicomiso establece que tienen que ser empleados estatales con estabilidad laboral, deben operar por el Banco Tierra del Fuego y ser afiliados a nuestro sindicato. Nosotros vamos a poner condiciones básicas, como que los compañeros deben tener entre 12 y 24 meses de cotización efectiva, deben ser afiliados únicamente a la Asociación Trabajadores del Estado y no adeudar un centavo a la organización”, precisó.
Según expresó, buscarán la forma para que “ninguno se quiera hacer de este beneficio cuando no le corresponda, y lo decimos porque venimos observando a veces cosas que no son las correctas”. El titular de ATE aseguró que “las viviendas tienen que ser para quienes las necesitan, por eso estamos trabajando en el padrón y sentimos la enorme responsabilidad de que esto sea lo más claro posible para que los beneficiarios sean quienes realmente lo necesitan”.
Sobre quienes se habían inscripto en el plan lanzado el año pasado, que finalmente no se concretó, dijo que tendrán prioridad en este nuevo programa pero “siempre y cuando sean afiliados a la ATE”. De todas formas, cabe aclarar, que a esas personas no se les reconocerá el dinero abonado a la arquitecta que intervino en ese caso, para realizar el proyecto, porque “fue un acuerdo entre partes, donde se contrató el servicio de una profesional y lo que pasó fue que finalmente no se pudo realizar la obra”, señaló el dirigente estatal.
También aclaró que “el IPV exigirá las condiciones que siempre ha exigido y el Banco exigirá la capacidad de pago, porque este es un crédito hipotecario volcado a un fideicomiso. Es decir que por ahí tiene sus condiciones más rigurosas que otras, pero en el contexto también son más blandas que otras”, indicó.
Córdoba señaló por último que “el objetivo es que el compañero que pueda acceder a esta vivienda no pague una suma mayor a un alquiler promedio. Para que de esa manera puedan acceder los compañeros que tienen salario más bajo, a eso apuntamos”, remarcó.
Por último, al consultarlo sobre las características de las viviendas, dijo que tendrán “unos 60 metros cuadrados cubiertos, con espacio en el terreno para ampliar. Son viviendas de una construcción de buena calidad, aunque son viviendas sociales y para trabajadores que por ahí no pueden acceder a un crédito para construir en la banca privada”, concluyó.
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