Mediante
la Ley provincial 1068 (Emergencia del Sistema de Seguridad Social), la
Legislatura encomendó al Tribunal de Cuentas la certificación de las
deudas que mantenían con ambas cajas, los diferentes organismos del
Estado y las Municipalidades. De este modo, el organismo de control
emitió una resolución plenaria Nº 251 de 2016, en la cual se certificó
la totalidad de acreencias del exIPAUSS acumulada por más de 30 años,
por el no pago de las contribuciones patronales.
En
este sentido, en el marco de la Ley 1068 el Ejecutivo provincial asume
el compromiso de pago de más 505 millones de pesos con la Caja de
Previsión Social y de más 952 millones con la Obra Social de la
Provincia. Además, se estableció que sólo los jubilados y pensionados
con haberes superiores a 52 mil pesos, aportarán al fondo solidario,
también previsto en la normativa de emergencia aprobada por el
Parlamento.
Durante
la conferencia, la Gobernadora dijo que “hace un año y medio que
asumimos el gobierno, en una situación critica como nunca antes se había
vivido en Tierra del Fuego. La parte más dramática era la del exIPAUSS,
una obra social que no podía responder a las necesidades de atención de
salud de nuestros trabajadores activos y pasivos”.
Además,
la primera Mandataria recordó el colapso del sistema previsional y la
situación de los jubilados que acudían a la Justicia, para el pago de
los haberes. “Había alrededor de 2500 amparos, sin embargo nosotros
tomamos decisiones políticas, no nos quedamos en el lamento ni en
echarle la culpa a otros vamos a resolver esto, con costo político y con
muchísima dificultad”, remarcó.
“La
Legislatura que acompaña estas decisiones, fue muy importante en cuanto
a ordenar las cuentas y darle sustentabilidad al régimen previsional y
asistencial”, dijo Bertone en referencia al paquete de leyes aprobadas
en enero del 2016. “Nosotros tenemos una responsabilidad institucional y
eso lo asumimos como corresponde, con algo fundamental, gestionamos con
mucho trabajo con el equipo de gobierno y los trabajadores de los dos
instituto de la planta permanente”, cerró.
Finalizado
el acto, el legislador Pablo Blanco manifestó que “es un paso
importante el tema de la consolidación y fijar un plan de pago. Desde el
Parlamento venimos solicitando esto hace mucho tiempo, no olvidemos los
cuatro años anteriores todo lo que se trabajó, para tratar de avanzar
en este sentido, lamentablemente no se dio”.
Blanco
señaló que “a partir de ahora, tanto la Obra Social, como la Caja de
Jubilaciones, tendrán previsibilidad sobre los recursos que van a
ingresar, producto de este convenio de pago”. También, se esperanzó que
hagan lo propio el resto de los acreedores que tienen los institutos.
“De acuerdo a lo que me informaron sólo queda el tema de los municipios,
pero prácticamente ya avanzaron en todas las acreencias que tenían con
las cajas”.
Consultado
sobre las leyes aprobadas en enero del 2016, el Legislador manifestó
que “más allá de las medidas, que en algunos casos, no fueron muy
agradables, pero yo creo que la responsabilidad indicaba que había que
buscar un camino. Los resultados se están viendo, con los jubilados que
cobran en tiempo y forma, dentro de los cronogramas establecidos”.
Por
último, Blanco dijo que “los organismos están reconociendo las deudas,
se firman los acuerdos y se viene cumpliendo, independientemente de la
firma de los decretos. Es un avance importante, después de la desidia de
no poder avanzar con reformas esenciales, que había que hacerle al
sistema en los años anteriores”, concluyó.
Asimismo,
José Labroca sostuvo que “no hay nada mejor, que firmar una deuda que
se pague y no tener una deuda flotando que creemos que existe pero que
nunca se paga, esto pasó, como mínimo 10 años. Nosotros recibimos la
situación del IPAUSS, a mi juicio con tres deudas, la primera que era la
más inmediata que los jubilados no cobraban, eso se resolvió con un
cronograma de pagos”.
De
este modo, Labroca se refirió a la certificación de deuda cuantificada
cercana a los 1200 millones que se arribó, producto del trabajo entre
las contadurías del exIPAUSS; la Provincia y el Tribunal de Cuentas. “A
veces uno no toma magnitud de los montos, 900 millones son prácticamente
4 clínicas u hospitales funcionando a pleno con todo su equipamiento,
no es un deuda menor. Esto ya esta consolidado y está aprobada por los
dos Directorios”, remarcó.
Con información y fotografías de Prensa Legislativa y gentileza Secretaría de Medios
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