Autoridades del Gobierno provincial brindaron este miércoles una
conferencia de prensa para aclarar los alcances de las medidas adoptadas
con relación a las graves irregularidades detectadas en el accionar de
los directivos del IPES “Florentino Ameghino” de Ushuaia, que derivó en
la suspensión de las funciones administrativas del Rector y la
Vicerrectora, la apertura de un sumario y la radicación de una denuncia
penal.
La conferencia estuvo encabezada por el ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, el ministro de Educación Diego Romero, la secretaria Legal y Técnica Dra. Gimena Vitali y el secretario de Gestión de Recursos Humanos Martín Solá.
El Ministro de Educación comenzó afirmando que “esta situación no
va a desprestigiar la calidad educativa del IPES, sino que es una
cuestión eminentemente legal. Nosotros no podemos justificar algo desde
lo pedagógico y didáctico con las falencias administrativas porque las
tres cosas deben ir de la mano”.
“Por esta causa es que decidimos abrir un sumario que no es un
juicio que se hace alguien, sino que es la búsqueda de la verdad en
relación a determinadas situaciones que se creen convenientes se
investiguen en la administración de la institución” señaló el funcionario.
Romero aseguró que desde el Gobierno “hemos pensado mucho en qué
marco íbamos a determinar la investigación del sumario. Por eso, y para
que no sea conflictivo también dentro del ámbito institucional, se
decidió separar solamente de las funciones administrativas a las
autoridades”. Estas funciones administrativas “tienen que ver con las altas y bajas y firmas de declaraciones juradas de docentes” las que a partir de ahora “van a quedar a cargo de la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio”.
“También
les dije a los alumnos que se queden tranquilos, porque el clima y
cultura institucional no va a ser interferida por esta cuestión.
Seguramente van a encontrar auditorías y vamos a tratar de que no sea
una invasión al normal funcionamiento de la casa de estudios” sostuvo el Ministro.
Por su parte, el ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz recordó que “al asumir esta gestión encontramos un Estado desmadrado en todas sus áreas” y reconoció que “nos hubiera gustado avanzar muchos más rápido en el ordenamiento y generar más transparencia en los circuitos administrativos”.
“Llevar adelante un sistema como el SIGE nos tomó tiempo, pero
los pasos que vamos dando son en sentido correcto. Podrán criticarnos
que vamos lento, pero no que no lo estamos haciendo” manifestó el jefe de Gabinete.
“Nosotros pretendemos que los recursos de educación queden en
educación, pero que sean distribuidos equitativamente entre las
distintas instituciones educativas, porque de esta manera mejoraremos la
situación de todos los docentes de la Provincia y la calidad de
educación de los estudiantes”, finalizó Gorbacz.
En tanto, la Secretaria Legal y Técnica explicó que la denuncia penal radicada por el Ministro Romero “fue a sugerencia del Servicio Jurídico”.
“Ante irregularidades que puedan constituir delito, los
funcionarios estamos obligados a denunciarlas penalmente y eso es lo que
hicimos” puntualizó Vitali. En referencia al contenido de la denuncia, la Abogada detalló que “los
delitos que entendemos que presuntamente podrían haberse cometido son
defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los
deberes de funcionarios públicos y falsedad ideológica de instrumento
público (falsificación de documentos públicos). Estos delitos tienen
penas que van de uno a seis años, depende del delito, en tanto que el
delito de defraudación a la administración pública prevé la
inhabilitación permanente del funcionario o agente”.
Finalmente, el Secretario de Gestión de Recursos Humanos Martín Solá
consideró que más allá de la situación que se da en el IPES “hay que destacar que somos una de las primeras provincias en informatizar todo el sistema administrativo docente” resaltando la importancia de la instrumentación del SIGE (Sistema Integral de Gestión Educativa) “que
nación en respuesta de un requerimiento de mejorar su calidad
administrativa. Con este sistema no habrá más demoras en las cargas, y
los docentes podrán ver todo su historial laboral en línea”.
Solá advirtió que “aquí no estamos hablando de un conflicto entre
el Gobierno contra una institución en particular, sino que estamos
hablando de un conflicto contra la transparencia”.
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ROMERO: “SE TRATA DE UNA CUESTIÓN LEGAL QUE NO VA A AFECTAR EL PRESTIGIO PEDAGÓGICO DEL IPES”
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